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El coto cerrado de Doñana

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:53h
Doñana está cada vez más aislada. Fuera de los arbitrarios límites del espacio protegido impera la ley del mercado y la inmensa mayoría de los proyectos que se plantean en su entorno son ambientalmente perjudiciales. Ahí está, por ejemplo, la autovía prevista entre Huelva y Cádiz, o el desdoblamiento de la carretera que une Almonte con Matalascañas, un agujero negro para los linces de Doñana. Por no hablar del faraónico oleoducto que se pretende construir hasta la lejana Badajoz, con un desmedido impacto sobre las costas onubenses. El cuarto caballo de la Apocalipsis es el incremento de los cultivos de regadío, más rentables cuanto más intensivos y un permanente reclamo de puestos de trabajo. Estos cantos de sirena resultan especialmente tentadores en épocas de crisis económica, como la actual, y parecen cada vez más factibles a la vista de los resultados de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Por ejemplo, Javier Arenas, presidente del Partido Popular en Andalucía, ha hecho de la autovía Cádiz-Huelva uno de las principales bazas de su programa político.

Los problemas son nuevos, pero nos suenan a viejos. En el sector agrícola, que no es el de menor peso, los cultivos de fresa han venido a sustituir a los arrozales como avanzadilla que come terreno a las marismas del Guadalquivir. Se trata, sin lugar a dudas, de un cultivo muy intensivo y que requiere grandes volúmenes de agua, al igual que el arroz, justo lo que peor se compagina con la vecindad de un humedal. Para colmo, muchos de estos cultivos de fresa se asientan sobre terrenos usurpados y se abastecen de pozos ilegales. Como la conservación de la biodiversidad es la última preocupación de nuestros dirigentes políticos, hasta la fecha se ha mirado conscientemente hacia otro lado, siempre en aras de la paz social. Una forma de consentimiento implícito que ha dado alas a todo tipo de irregularidades. A los pozos y cultivos ilegales se han unido construcciones para temporeros y caminos de apoyo a unas explotaciones que nadie tiene el valor de cuestionar. Peor aún, lo que se pretende es precisamente establecer una amnistía para todos los que se han saltado la ley a la torera, algo parecido a lo que ha pasado en nuestras costas. El dinero manda y es más fácil transigir con los delincuentes que adoptar medidas impopulares. Cómodo a corto plazo, pero de gravísimas consecuencias futuras y, sobre todo, un pésimo ejemplo: delinca, si la cosa es rentable, que ya veremos luego la forma de resolverlo.

Eso es precisamente lo que se teme WWF España a la vista del Plan de ordenación de regadíos de la corona forestal de Doñana, que su secretario general, Juan Carlos del Olmo, ha tachado de “inaceptable”. De hecho, ha presentado una serie de alegaciones de lo más razonables, que básicamente se centran en definir una superficie máxima de regadíos, eliminar los cultivos y los pozos ilegales, restaurar caminos y trasladar las construcciones a puntos más cercanos a los centros urbanos. También habría que regular la creciente cantidad de residuos plásticos, ya que el cultivo de fresas se hace en condiciones forzadas bajo invernadero. Como puede verse el problema tiene múltiples aristas y, al igual que ya ha ocurrido en otras batallas ambientales, para atenuarlo bastaría con que se aplicara la ley.

Unas medidas, por cierto, que beneficiarían a los propios agricultores que actúan dentro de la legalidad, ya que ahora se ven obligados a competir con explotaciones que roban la tierra y el agua, total para terminar incrementando una cosecha cuyo volumen tiende a bajar los precios en origen. Y, mientras tanto, el santuario de Doñana cada vez más cercado y a punto de enarbolar la bandera blanca.

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