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Negra sombra

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:53h
Ni rápida, ni justa. Así ha sido la sentencia del caso Prestige. La lentitud de los tribunales españoles es un mal endémico, pero once años parece un plazo excesivo. Por otra parte, los hechos son incontrovertibles: un petrolero en estado calamitoso, un capitán indolente, unas decisiones políticas totalmente equivocadas y una marea negra que afectó a cientos de kilómetros de costa. Sobre todo en Galicia, pero también en Portugal y Francia. Ante este panorama, la justicia no ha sido capaz de determinar responsabilidades. Es evidente que algo
falla.

Bien es cierto que las leyes que rigen el tráfico marítimo son fáciles de sortear, como ha quedado demostrado, y que resulta cómodo echar la culpa al empedrado, en este caso al estado de la mar. La cuestión es que ocurrió lo que ocurrió y todos los implicados se largan de rositas. Un mal precedente que anima a mantener compañías navieras dudosas, chatarras flotantes y personas incapaces en los puestos de decisión. Una vez más, fue la ciudadanía la que, en un hermoso ejemplo de solidaridad que dio la vuelta al mundo, tuvo que remangarse y limpiar la costa a mano con riesgo incluso de su salud. ¿De verdad tenemos los dirigentes que nos merecemos?
Una sentencia, pues, ajena a la realidad y que ha levantado acerbas críticas. Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción, considera que “una vez más se demuestra que la justicia es incapaz de juzgar grandes catástrofes ambientales, que quedan impunes, como el caso de Boliden con las minas de Aználcollar y ahora el hundimiento del Prestige.” Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF-España, entiende que “el medio ambiente es el gran perdedor en este proceso judicial, y con ello toda la sociedad. Tras once años de investigación, es muy grave que no se hayan encontrado culpables entre la maraña de empresas implicadas”. Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife se lamenta de haber “perdido once años en prevenir que algo así vuelva a ocurrir y en estar preparados para que se haga justicia en el caso de que suceda”. Incluso la Fundación Lonxanet, una entidad gallega que propugna la pesca sostenible, ha hecho público un comunicado muy crítico con la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña: “Hace once años la ciudadanía mostró su madurez mientras quienes debían tomar decisiones echaban balones fuera esperando una sentencia que, más de una década después, les sonríe. No hay culpables. Todo se hizo bien. Sin embargo, paradójicamente, todo salió mal.”
¿Un caso aislado? Quizá no. Las tres organizaciones ecologistas antes citadas acaban de denunciar lo que consideran un fraude de ley en el mayor caso de envenenamiento de aves ocurrido en España. Los agentes ambientales de Navarra encontraron más de 140 rapaces envenenadas en dos cotos de caza, uno en Tudela y el otro en Cintruénigo, entre los meses de abril y agosto de 2012. Esta vez el Gobierno navarro decidió en su momento prohibir la caza en ambos cotos durante dos años. Pero ha bastado un relevo en los integrantes de las juntas directivas de las respectivas asociaciones de cazadores y un cambio en el nombre de dichas sociedades para que se reanudara sin mayor tardanza la actividad cinegética. En definitiva, se ha cumplido la ley, pero la naturaleza sigue desprotegida. He aquí el nudo de la cuestión. No hay una legislación ambiental que disuada a los delincuentes, ni mucho interés por aplicarla en asuntos que tienden a considerarse menores. El resultado es, lamentablemente, la impunidad.
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